El Sistema Nacional de Salud (SNS) afronta 2026 con dos realidades que conviene examinar juntas, porque interactúan: una presión asistencial estructural que las listas de espera reflejan con crudeza, y un nuevo marco de acceso que, desde marzo, amplía el universo de personas con derecho a atención con cargo a fondos públicos. La pregunta no es ideológica, sino de gestión de recursos finitos: ¿es sostenible el modelo resultante? Porque, a raíz de estos problemas, es cuando surge una cuestión que plantean algunos políticos en nuestro país: Debe haber una Prioridad Nacional en el acceso a los servicios para los residentes en España.
El punto de partida: un sistema tensionado
Los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, referidos al 31 de diciembre de 2025, dibujan un sistema que contiene los tiempos pero no reduce el volumen. A esa fecha, 853.509 pacientes aguardaban una intervención quirúrgica estructural, casi 7.000 más que un año antes y más de 20.000 por encima del corte de junio. El tiempo medio de demora quirúrgica bajó ligeramente, de 126 a 121 días, y el porcentaje de pacientes con más de seis meses de espera descendió del 22,9 % al 21,6 %. En paralelo, más de cuatro millones de personas esperaban una primera consulta con el especialista.
El dato relevante no es la fluctuación interanual, sino la franja en la que el sistema se ha estabilizado: una bolsa de pacientes pendientes que se mantiene de forma persistente por encima de los 850.000 en quirófano y de los cuatro millones en consultas. La demora, además, es profundamente desigual por territorio: frente a los 50 días de media de Madrid, Andalucía registra 173 y Cataluña 142. Sobre esa base —un sistema que ya opera cerca de su techo de capacidad— se introduce cualquier ampliación de la demanda.
El nuevo marco de acceso: el Real Decreto 180/2026
El Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, regula el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de personas extranjeras sin residencia legal. Su lógica es la de la universalidad por residencia: desarrolla el artículo 3 ter de la Ley 16/2003 y sustituye un modelo de exclusión —vigente desde el Real Decreto-ley 16/2012, que limitaba a estos colectivos a la atención de urgencia— por uno de acceso reglado.
El procedimiento se articula mediante una declaración responsable en la que el solicitante acredita que no dispone de cobertura por otra vía, y que activa un documento provisional con acceso a la asistencia desde el primer momento, con un plazo máximo de tres meses para resolver. Desaparece la exigencia previa de un tiempo mínimo de residencia. La residencia efectiva puede acreditarse con el empadronamiento o, en su defecto, con documentación como certificados de escolarización, facturas de suministros o informes de servicios sociales.
La justificación sanitaria del cambio tiene fundamento técnico y conviene no despacharla a la ligera: la atención limitada a urgencias es ineficiente. Una patología no tratada en atención primaria —el ejemplo clásico es la bronquitis que deriva en neumonía— termina resolviéndose en un servicio hospitalario de urgencias, con un coste muy superior al de la consulta y el tratamiento iniciales. La continuidad asistencial y el diagnóstico precoz reducen complicaciones e ingresos evitables. En términos estrictamente económicos, excluir de la primaria no ahorra: traslada y encarece el gasto.
Dónde está la tensión real
El debate público tiende a mezclar tres fenómenos distintos que conviene separar para analizar la sostenibilidad con precisión:
- El inmigrante en situación irregular ya residente, destinatario del RD 180/2026. Su incorporación a la primaria es, en la lógica del sistema, más eficiente que su atención exclusiva en urgencias.
- El turista comunitario, cuya atención debe reembolsar su país de origen a través de la Tarjeta Sanitaria Europea. Aquí el problema no es de derecho, sino de cobro: la asistencia urgente a turistas extranjeros genera un gasto anual cercano a los 1.500 millones de euros, de los que apenas se recupera un tercio.
- El turismo sanitario en sentido estricto —quien viaja con la intención deliberada de tratarse—, fenómeno difícil de cuantificar y para el que el ordenamiento ya prevé cortafuegos específicos, como la exigencia de dos años de residencia para acceder a las listas de trasplante.
La sostenibilidad no se juega, por tanto, en una supuesta «puerta abierta» indiscriminada, sino en dos cuestiones de gestión mucho más concretas. La primera es la eficacia recaudatoria frente a quienes deben pagar y no pagan: el agujero de 1.000 millones anuales en facturas no cobradas a desplazados con cobertura ajena es un problema fiscal real, que varias comunidades intentan atajar con recaudadores internacionales y cobro por datáfono. La segunda es el rigor en la acreditación de la residencia. Si el derecho se vincula al arraigo en el territorio, la solidez del sistema depende por completo de cómo se pruebe ese arraigo. Cuando la acreditación descansa en un padrón municipal de obtención laxa y en documentos sustitutorios de verificación descentralizada y mayoritariamente posterior, el cortafuegos contra el uso indebido es tan resistente como el más débil de los procedimientos autonómicos.
Una conclusión de gestión, no de eslóganes
Un sistema que opera con 850.000 personas en espera quirúrgica tiene escaso margen para absorber demanda adicional sin planificación de capacidad. Eso no convierte la universalidad en inviable —la evidencia sanitaria sobre la eficiencia de la primaria es sólida—, pero sí obliga a acompañarla de dos condiciones que el modelo actual no garantiza con firmeza: que quien debe pagar pague, y que el vínculo con el territorio que da derecho a la prestación se acredite con rigor y no por mera autodeclaración. Sin esas dos garantías, la universalidad nominal corre el riesgo de financiarse, en la práctica, a costa de la calidad asistencial de quienes ya sostienen el sistema. La prioridad razonable no es de nacionalidad, sino de coherencia: que el acceso responda a una residencia y una contribución reales, verificables y verificadas.
Fuentes: Ministerio de Sanidad, Sistema de Información de Listas de Espera del SNS (datos a 31/12/2025); BOE, Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo; informes de gestión de cobro a desplazados de las consejerías autonómicas.
